Derecho Administrativo

Puede interponerse recurso de alzada contra aquellos actos administrativos que no pongan fin a la vía administrativa. Normalmente estos actos son dictados por órganos inferiores de una administración, organismo público o entidad determinada. Pero debe tenerse en cuenta que, en ciertos casos, los actos de los órganos superiores de organismos dependientes de una Administración territorial o algunos de esos actos no ponen fin a la vía administrativa y son recurribles ante otros órganos de la administración matriz. Se suele hablar de recurso de alzada impropia. Estos supuestos se pueden dar tanto en el ámbito del Estado como de las CCAA. También son recurribles en alzada ante la Administración delegante de los actos dictados por las Administraciones locales en el ejercicio de funciones que les hayan sido delegadas por la del Estado o la Comunidad Autónoma. El recurso se interpone ante el órgano superior jerárquico del que lo dictó, o ante el específicamente designado por las normas en el caso de las alzadas impropias a las que nos hemos referido. También debe tenerse en cuenta que las resoluciones administrativas que se dicten por delegación se consideran dictadas por el órgano delegante de manera que es ante el superior jerárquico de este último ante el que habrá que recurrir. En todo caso, el recurso puede presentarse formalmente también ante el órgano que dictó el acto que se impugna para que éste lo remita al órgano competente para resolverlo, lo que debe hacer en el plazo máximo de 10 días, con su informe y una copia completa y ordenada del expediente. El plazo para la interposición del recurso de alzada es de un mes, si se dirige contra un acto expreso, plazo que debe computarse desde la notificación o, en su defecto, publicación de dicho acto. En caso de que tenga lugar tanto su notificación como su publicación, el plazo se computa desde la última de ellas. Si se impugna un acto no expreso, el plazo sería de tres meses y se cuenta para el solicitante y otros posibles interesados, desde que se deban entender producidos los efectos del silencio administrativo. Hay que entender que no corre el plazo de impugnación hasta que el recurrente no realice actuaciones que supongan que conoce el contenido o hasta que no lo recurra. Una vez transcurridos los citados plazos sin haberse interpuesto el recurso de alzada, la resolución que pudiera ser objeto del mismo será “firme a todos los efectos”. Interpuesto el recurso de alzada, la Administración debe resolverlo y notificar su resolución en el plazo máximo de tres meses. Si transcurre este plazo sin que recaiga resolución, el recurso puede entenderse desestimado por silencio, salvo que se dirija contra un acto presunto desestimatorio de una solicitud, en cuyo caso el recurso de alzada se entendería estimado. La resolución, expresa o por silencio, del recurso de alzada pone fin a la vía administrativa y abre la vía de recurso jurisdiccional sin perjuicio de la procedencia del recurso administrativo de revisión. Lo que no cabe en ningún caso es interponer recurso de reposición o una nueva alzada contra el acto que resuelve un recurso de alzada.